Foto tomada de: Portafolio
La Unión Sindical Obrera (USO) denunció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) estaría exigiendo a la Refinería de Cartagena (Reficar) el pago de más de $20 billones por concepto de IVA, una medida que podría comprometer la estabilidad del segundo activo más valioso de Ecopetrol y poner en riesgo la operación energética nacional.
De acuerdo con la USO, la Dian habría determinado el cobro de un IVA del 19% sobre la gasolina importada por Reficar entre 2022 y 2024. Según el sindicato, esta decisión se basa en una “auto interpretación del Estatuto Tributario” y busca aplicar el impuesto de manera retroactiva, afectando importaciones de diésel, gasolina y combustible de aviación.
Aunque la empresa ya habría pagado $1,5 billones por IVA durante 2025, la Dian confirmó uno de los seis Requerimientos Especiales Aduaneros (REA) presentados, solicitando el pago adicional de $1,3 billones. Esta resolución incrementaría significativamente las obligaciones tributarias de la refinería.
Posibles impactos financieros y operativos
El presidente de la USO, César Loza, advirtió que “una vez ingresen las cuentas por importación de diésel, estas cifras podrían dispararse a más de $20 billones”. Además, señaló que la decisión de la Dian podría llevar al embargo de las cuentas bancarias de Reficar, afectando directamente la continuidad de sus operaciones.
En caso de concretarse una medida de este tipo, la refinería solo podría operar entre siete y 18 días, lo que implicaría dejar de procesar alrededor de 200.000 barriles diarios y pérdidas estimadas en 23 millones de dólares mensuales de ebitda.
Riesgos para el empleo y el abastecimiento energético
La USO también advirtió que un eventual cierre de la refinería podría generar desabastecimiento de combustibles en la región Caribe, una disminución de los ingresos fiscales del Distrito de Cartagena por unos $146.000 millones anuales, y la pérdida de aproximadamente 2.500 empleos directos e indirectos.
Además, la organización sindical alertó que el caso podría tener consecuencias sobre la estabilidad financiera de Ecopetrol, ya que algunos bonos emitidos por la compañía contienen cláusulas que podrían activarse ante un embargo a sus filiales, haciendo exigible una deuda total cercana a $120 billones.
La controversia entre la Dian y Reficar plantea un escenario de alta tensión para el sector energético nacional, con implicaciones fiscales, operativas y laborales que podrían extenderse más allá del ámbito empresarial, afectando la seguridad energética y económica del país.