Créditos: El Colombiano
Empeora la deuda del Gobierno Nacional por subsidios de servicios públicos, ¿qué pasó?
El Gobierno Nacional acumula seis meses de retraso en el pago de subsidios a energía, gas natural y GLP para los estratos 1, 2 y 3. La deuda ya ronda los $3,1 billones, lo que pone en jaque la sostenibilidad del servicio público en Colombia.
Según el exministro Amylkar Acosta, a corte del 30 de junio, el Estado adeuda $1,8 billones a comercializadoras de energía, $1,3 billones a las de gas natural y $48.000 millones a empresas proveedoras de gas licuado de petróleo (GLP).
La falta de pagos afecta directamente la financiación de las empresas prestadoras de servicios públicos, poniendo en riesgo la continuidad, calidad y cobertura, especialmente en zonas vulnerables.
Partidas no asignadas y propuestas de solución
El Presupuesto General de la Nación (PGN) solo contempló recursos para el primer trimestre del año, dejando desfinanciados los restantes tres trimestres, por un valor aproximado de $2,7 billones. La apelación del Gobierno a la cláusula de escape de la regla fiscal impide una adición presupuestal, por lo que Acosta propone un traslado presupuestal para cubrir los pagos y fortalecer el Fondo Empresarial.
Impacto sobre empresas y usuarios
La deuda también incluye $2,5 billones de subsidios atrasados del 2024, pagados en mayo de 2025. Además, la llamada “opción tarifaria” —heredada del gobierno anterior— permitió diferir pagos de servicios públicos durante la pandemia, acumulando otra deuda cercana a los $3 billones.
Aunque el Gobierno ha prometido asumir esta obligación, los mecanismos legislativos propuestos han fracasado. El más reciente intento fue un decreto que obligaría a los estratos más altos a pagar dicha deuda, generando polémica en el sector.
Alejandro Castañeda, director de Andeg, expresó dudas: “No creo que legalmente un usuario pueda pagar la deuda de otro”.
El atraso en los subsidios amenaza la estabilidad financiera del sector energético colombiano y expone a las familias más vulnerables a posibles alzas tarifarias o interrupciones en el servicio. Se requieren medidas urgentes y transparentes para evitar una crisis estructural en la prestación de servicios públicos.
