Foto tomada de: La República
Destrabar la energía: el llamado a recuperar la seguridad energética de Colombia
Sector: Energía / Opinión y análisis
En una columna publicada en La República, el senador José David Name Cardozo advierte que Colombia acumula un rezago peligroso en proyectos de generación y transmisión, y que el próximo Gobierno deberá destrabar obras estratégicas con gerencia, reglas claras y decisiones técnicas.
Bogotá D.C., julio de 2026. La seguridad energética de Colombia volvió al centro del debate público luego de la columna “Destrabar la energía”, publicada en La República por el senador José David Name Cardozo. En su análisis, el congresista plantea que el país perdió una oportunidad para acelerar la diversificación energética y que hoy enfrenta un rezago crítico en proyectos de generación, transmisión e hidrocarburos.
Name sostiene que el Gobierno de Gustavo Petro llegó con un discurso favorable a las energías limpias y con expectativa de construir acuerdos sociales que permitieran superar años de parálisis en proyectos renovables. Sin embargo, afirma que esa promesa no se tradujo en resultados suficientes y que tanto la generación convencional como la renovable terminaron atrapadas en trámites, conflictos, problemas de caja y falta de coordinación estatal.
El análisis advierte que Colombia no puede darse el lujo de mantener proyectos estratégicos frenados mientras crece la demanda, se aproxima un Fenómeno de El Niño intenso y aumentan las señales de estrechez energética. La expansión eléctrica, según la columna, necesita una hoja de ruta técnica y blindada frente a los vaivenes políticos.
La preocupación se apoya en cifras de XM sobre la entrada real de capacidad frente a lo proyectado. De acuerdo con los datos citados por Name, desde 2022 la capacidad de generación que entró en operación no alcanzó el 30% de lo esperado para cada vigencia, lo que deja al sistema con menos margen de respuesta.
Un rezago acumulado en generación eléctrica
Las cifras expuestas en la columna muestran una brecha persistente entre los megavatios proyectados y los efectivamente incorporados al Sistema Interconectado Nacional. En 2022 se esperaban 3.613 MW y solo ingresaron 995 MW. En 2023, de 6.608 MW previstos, apenas se sumaron 1.155 MW.
Para 2024, la meta era de 5.720 MW, pero se materializaron cerca de 1.447 MW. XM reportó oficialmente que durante ese año ingresaron 1.446,6 MW de nuevas plantas, principalmente solares fotovoltaicas, y que la capacidad efectiva neta del sistema cerró en 21.368,9 MW.
El panorama fue más limitado en 2025. Según XM, durante ese año ingresaron 380,26 MW de nuevas plantas, de los cuales 333,87 MW provinieron de plantas solares fotovoltaicas, 5,30 MW de plantas hidráulicas y 41,09 MW de plantas térmicas.
A junio de 2026, el avance seguía siendo bajo frente a la meta anual. La República reportó recientemente que XM estimaba el ingreso de 4.475 MW para 2026, pero a esa fecha solo habían entrado 321 MW, un avance cercano al 6,8% de lo previsto.
El problema no es solo renovable: también es convencional
Uno de los puntos centrales del análisis es que el estancamiento no afecta únicamente a los proyectos renovables. Name advierte que la generación convencional también enfrenta dificultades, lo que amplía el riesgo para la confiabilidad del sistema.
Colombia necesita una matriz limpia, pero también confiable. Esto implica sumar energías solares y eólicas, pero sin descuidar generación firme, térmicas disponibles, respaldo hidráulico, gas natural, almacenamiento y redes de transmisión suficientes.
Cuando la expansión de todas las tecnologías se retrasa al mismo tiempo, el sistema queda más expuesto. La demanda continúa creciendo, los proyectos no entran al ritmo esperado y el país pierde margen para enfrentar sequías, fallas operativas o picos de consumo.
La transición energética se quedó corta en ejecución
La columna plantea una crítica directa: el país esperaba que el discurso de transición energética se tradujera en proyectos reales, acuerdos comunitarios, desbloqueo institucional y diversificación efectiva. Sin embargo, según Name, la ejecución quedó rezagada.
El problema no está en promover energías limpias, sino en hacerlo sin una gerencia capaz de resolver trámites, consultas, permisos, conexión, financiación y conflictos territoriales. Una transición energética sin ejecución puede terminar aumentando la vulnerabilidad del sistema.
Para que la transición sea confiable, cada proyecto debe pasar de la planeación a la construcción y de la construcción a la operación comercial. Los megavatios anunciados no reducen riesgos hasta que efectivamente entregan energía al sistema.
Proyectos fantasma y puntos de conexión reservados
Name propone una medida concreta: liberar los puntos de conexión que hoy estarían reservados por proyectos que no avanzan. En el sector eléctrico, los puntos de conexión son recursos estratégicos porque permiten que una planta se conecte a la red y entregue energía.
Cuando un proyecto reserva capacidad pero no cumple su cronograma, puede bloquear la entrada de otros desarrollos más maduros. Por eso, el autor plantea ejecutar garantías a quienes incumplan y abrir espacio para iniciativas que sí tengan capacidad real de avanzar.
Esta discusión es clave para acelerar la expansión eléctrica. La capacidad de conexión no puede convertirse en un activo especulativo ni en un cuello de botella que impida el ingreso de nueva energía al sistema.
Gerencia, plazos y simplificación institucional
Para destrabar el sector, la columna sostiene que no bastan nuevos discursos. Se necesita gerencia pública: simplificar trámites, fijar plazos estrictos, coordinar entidades, hacer seguimiento a compromisos y tomar decisiones cuando los proyectos incumplen.
En Colombia, los proyectos energéticos pueden enfrentar trámites ambientales, consultas, permisos de conexión, revisiones técnicas, licencias, conflictos prediales, oposición comunitaria y dificultades de financiación. Cada retraso acumulado termina afectando la confiabilidad del sistema.
La propuesta de Name apunta a que el próximo Gobierno adopte una lógica de ejecución. Es decir, identificar proyectos avanzados, resolver cuellos de botella y asegurar que entren a operar en los tiempos requeridos por el sistema eléctrico.
Transmisión: la infraestructura que permite usar la energía
La transmisión eléctrica aparece como otro frente urgente. Sin líneas suficientes, la energía generada en una región no puede llegar a los centros de consumo. Esto limita la entrada de proyectos, aumenta restricciones regionales y reduce la seguridad energética.
En el caso colombiano, la transmisión es especialmente importante para integrar nuevos proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y térmicos. La Guajira, el Caribe, Antioquia, Santander y otras regiones pueden aportar capacidad, pero requieren redes para evacuar esa energía.
Si la transmisión no avanza, el país puede tener proyectos listos o potencial de generación, pero no capacidad suficiente para aprovecharlos. Por eso, destrabar transmisión es tan importante como construir nuevas plantas.
Gas natural: el respaldo que también está trabado
La columna también llama la atención sobre el sector de hidrocarburos, especialmente el gas natural. Name sostiene que Colombia no puede marchitar su sector de hidrocarburos mientras madura la transición energética, porque el país necesita respaldo para no quedar desprotegido.
El gas natural cumple un papel estratégico en generación térmica, industria, hogares, comercio y transporte. Durante periodos de baja hidrología, las plantas térmicas a gas ayudan a cubrir la demanda eléctrica cuando los embalses reducen su aporte.
Si el país no cuenta con suficiente gas local o infraestructura para importarlo y transportarlo, la confiabilidad eléctrica se vuelve más frágil. Por eso, el análisis plantea agilizar licencias, actualizar reglas y destrabar proyectos, especialmente los de gas costa afuera.
ANH debe asumir un rol más activo
En el frente de hidrocarburos, Name señala directamente a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Según la columna, la entidad debe asumir plenamente su rol de promover la exploración y asegurar el abastecimiento energético.
Esta afirmación parte de una preocupación: cada proyecto de exploración congelado reduce las posibilidades de encontrar nuevas reservas y ampliar la oferta futura de gas y petróleo. En un escenario de déficit de gas, la demora no es menor; puede traducirse en importaciones más costosas y mayor vulnerabilidad.
El llamado es a que la política de hidrocarburos no quede atrapada en tensiones ideológicas. Para el autor, el país debe sostener la exploración mientras avanza en renovables, de forma que la transición no debilite la seguridad energética.
Colombia necesita una matriz limpia y confiable
La conclusión de la columna es clara: Colombia no tiene por qué elegir entre una matriz limpia y una matriz confiable. Necesita ambas. La transición energética debe avanzar, pero con respaldo, infraestructura y decisiones oportunas.
Una matriz limpia reduce emisiones y diversifica fuentes. Una matriz confiable garantiza que hogares, comercios, hospitales, industrias y servicios públicos tengan energía cuando la necesitan. El reto es integrar esos dos objetivos sin sacrificar uno por el otro.
Para lograrlo, el país debe acelerar renovables, mantener generación firme, fortalecer transmisión, asegurar gas, impulsar eficiencia energética, liberar puntos de conexión y ordenar la institucionalidad del sector.
Riesgo de crisis si no hay decisiones
El retraso en proyectos llega en un momento delicado. Colombia enfrenta alertas por El Niño, precios de energía en bolsa más altos, déficit de gas, deudas en la cadena eléctrica, crecimiento de demanda y discusión sobre posibles restricciones regionales.
Si los rezagos continúan, el sistema puede tener menos capacidad para responder ante contingencias. La consecuencia podría ser mayor volatilidad de precios, más presión sobre térmicas, necesidad de programas de ahorro, restricciones de conexión o riesgos de racionamiento en escenarios extremos.
La advertencia de Name apunta precisamente a evitar que el país llegue a una crisis irreversible. Según su análisis, los avisos han sido claros y el próximo Gobierno deberá actuar con liderazgo, capacidad técnica y voluntad real de ejecución.
Qué debería hacer el próximo Gobierno
La hoja de ruta propuesta incluye medidas de corto y mediano plazo. En primer lugar, destrabar proyectos eléctricos avanzados, especialmente aquellos que ya cuentan con estudios, permisos parciales, conexión o cronogramas definidos.
En segundo lugar, simplificar la coordinación institucional. MinEnergía, UPME, CREG, ANLA, XM, operadores de red, autoridades territoriales y comunidades deben trabajar con metas comunes y plazos claros.
En tercer lugar, recuperar el impulso exploratorio en hidrocarburos, especialmente gas natural, para garantizar respaldo durante la transición. Esto incluye proyectos offshore, nuevas licencias y una ANH más activa en promoción de abastecimiento.
En cuarto lugar, corregir incentivos que permitan ejecutar garantías y liberar puntos de conexión de proyectos incumplidos. La capacidad de red debe asignarse a quienes tengan mayor probabilidad de construir y entrar a operar.
Un debate que irá más allá del sector eléctrico
Destrabar la energía no es solo una tarea del sector eléctrico. También involucra política económica, competitividad, inversión, empleo, desarrollo regional, transición ambiental y estabilidad fiscal.
Sin energía suficiente, las empresas no pueden crecer, los centros de datos no pueden conectarse, las industrias aplazan inversiones y los hogares enfrentan tarifas más altas o riesgo de menor calidad del servicio.
Por eso, la seguridad energética debe entenderse como una condición básica del desarrollo. Un país que quiere crecer necesita generación, transmisión, distribución, gas, renovables, eficiencia y reglas que permitan ejecutar proyectos a tiempo.
La columna de José David Name plantea una advertencia directa: Colombia todavía está a tiempo de evitar una crisis, pero debe pasar de los anuncios a los resultados. Destrabar la energía será una de las tareas más urgentes del próximo Gobierno si quiere recuperar confiabilidad, atraer inversión y garantizar que la transición energética sea limpia, pero también segura.

