Foto: Gráfico LR
Los proyectos del Grupo Energía Bogotá (GEB) enfrentan retrasos críticos debido a demoras en el licenciamiento ambiental. La situación pone en riesgo la capacidad energética de la Sabana de Bogotá y zonas aledañas.
Aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha avanzado en su gestión, la lentitud de pronunciamientos del Ministerio de Ambiente impide que proyectos estratégicos entren en operación, según Fredy Zuleta, gerente de Enlaza, filial del GEB.
Zuleta alertó que “ya se están negando disponibilidades de servicio para grandes proyectos” en Bogotá y que, de no iniciarse las obras, podrían darse racionamientos energéticos en 2027.
Proyectos estratégicos en riesgo
- Proyecto Norte (230 kV): Línea de 162 km desde Bacatá hasta San Luis, cruzando municipios de Cundinamarca y Boyacá.
- Proyecto Sogamoso (500 kV): Extensión desde Bacatá hasta San Luis, pasando por Tenza, Garagoa y Macanal.
- Ambos proyectos buscan transportar hasta 80% de la energía renovable producida en La Guajira hacia el centro del país.
Uno de los principales tropiezos fue el cambio de ubicación de la subestación en Gachancipá, ordenado por el Tribunal de Cundinamarca. Aunque Anla aprobó el nuevo punto en Sesquilé, el Ministerio aún no autoriza la sustracción de áreas protegidas.
La Anla aclaró que los proyectos no están suspendidos por su gestión, y señaló la necesidad de mayor coordinación interinstitucional para agilizar los trámites.
“La demanda será superior a la capacidad de la región en generar energía”, enfatizó Fredy Zuleta.
Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, advirtió que la falta de disponibilidad energética afecta proyectos inmobiliarios y tecnológicos en el norte de Bogotá. A su vez, Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, destacó el riesgo en la capacidad del Sistema de Transmisión Nacional (STN) por la falta de ejecución oportuna.
Si no se resuelven pronto los cuellos de botella institucionales, Bogotá y sus alrededores podrían enfrentar un déficit energético en los próximos años. La coordinación entre Anla, el Ministerio de Ambiente y los desarrolladores es esencial para evitar una crisis de abastecimiento.
