Créditos: El Colombiano
Empresas de energía consideran inviable que estratos altos paguen la deuda de opción tarifaria
El borrador de un decreto del Gobierno colombiano busca que los estratos altos y comercios pequeños asuman la deuda generada por la opción tarifaria. La medida ha generado críticas entre las empresas del sector energético y expertos del gremio.
La propuesta, compuesta por 10 artículos, busca establecer nuevos lineamientos tarifarios y modificar el sistema de subsidios eléctricos. El componente más polémico es la redistribución de la deuda de la “opción tarifaria”, medida creada durante la pandemia para evitar alzas en las tarifas de estratos bajos, pero que hoy representa cerca de $3 billones.
Según el borrador, el pago de ese saldo pendiente recaería ahora en los estratos 4, 5, 6 y pequeños comercios regulados. Alejandro Castañeda, director de Andeg, cuestionó la legalidad de esta medida, señalando que muchos usuarios ya están pagando esa deuda a través de sus facturas actuales.
Cambios en subsidios y clasificación de usuarios
El decreto también contempla ajustes a los subsidios para estratos 1, 2 y 3, exigiendo una reevaluación del beneficio si el consumo mensual excede el promedio de los estratos sin subsidio. Si se duplica el consumo básico, los hogares podrían ser reclasificados y perder el subsidio.
Estos cambios serán transitorios mientras se implementa el Registro Universal de Ingresos, que permitirá una focalización más precisa de los subsidios según capacidad real de pago, tal como está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
Más miembros en la CREG: ¿modernización o burocracia?
El decreto propone ampliar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a ocho integrantes: cinco expertos nombrados por el presidente, y tres representantes adicionales de la academia, sindicatos y usuarios, elegidos mediante concurso público.
No obstante, desde Andeg se señala que un mayor número de miembros podría ralentizar los procesos de decisión y aumentar la burocracia innecesariamente, recordando que una reforma anterior había reducido el número de expertos precisamente por este motivo.
Aunque el decreto apunta a mejorar la equidad en el sistema de tarifas y subsidios, sus detractores sostienen que muchas de sus disposiciones ya podrían ejecutarse sin necesidad de un nuevo marco legal. La discusión apenas comienza, pero ya genera divisiones entre el Gobierno, las empresas del sector y expertos.
