Foto tomada de: El Colombiano
El presidente Gustavo Petro alista un decreto que impondría una sobretasa del 20% en la tarifa de energía a empresas y sectores industriales, buscando un ahorro fiscal de hasta $1,4 billones. Expertos advierten que, aunque no se aplica directamente a los estratos bajos, podría impactarlos a través de la inflación.
El borrador de decreto propone modificar los beneficios que en la actualidad reciben varios sectores industriales en el cobro de energía. La medida busca que estas empresas vuelvan a pagar la contribución solidaria que existía en las Leyes 142 de 1992 y 143 de 1994, pero que fue eliminada para ciertos usuarios con la Ley 1430 de 2010 y el Decreto 2860 de 2013.
Según el Ministerio de Hacienda, estas exenciones representan un costo cercano a $3 billones anuales, asumidos por el resto de colombianos. Con la nueva normativa, solo las industrias manufactureras conservarían parte de los beneficios, mientras que sectores como minería, canteras y construcción tendrían que asumir la sobretasa.
Impactos económicos de la medida
- El Gobierno espera recaudar alrededor de $1,4 billones para financiar subsidios a estratos 1, 2 y 3.
- Empresas industriales verán un aumento del 20% en su factura de energía.
- Expertos prevén que los sobrecostos se trasladen parcialmente al consumidor final.
- El aumento en precios podría impactar la inflación y, en consecuencia, a los estratos bajos.
- Analistas advierten que la medida podría reducir la competitividad empresarial y afectar utilidades.
Para Luis David Pachón, consultor de Energy Advisors, este decreto representa un retroceso: “Lo que está buscando el gobierno con la medida es recaudar el dinero para el pago de subsidios, pero esto termina siendo un incremento directo a la tarifa final de energía para las industrias”.
En la misma línea, José Plata, abogado experto de la firma Serrano Martínez CMA, advirtió que las empresas enfrentarán la disyuntiva de subir precios o reducir sus utilidades, lo que impactará tanto al consumidor como a la competitividad del país.
Aunque los estratos beneficiarios de los subsidios no tendrán cambios directos en la tarifa, expertos prevén que podrían verse afectados por un aumento en la inflación si las empresas trasladan los sobrecostos al precio de productos y servicios. Esto, a su vez, reduciría el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.
El decreto se encuentra en fase de comentarios durante 15 días hábiles, en los cuales ciudadanos y gremios podrán presentar observaciones y propuestas. Posteriormente, el Gobierno decidirá si expide la medida en los términos planteados.
