El Gobierno Nacional expidió el decreto legislativo 044 de 2025 en el marco del Estado de Emergencia Económica y Social, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica, especialmente ante la compleja situación financiera de Air-e, empresa intervenida en la región Caribe.

Entre los principales efectos de la norma se encuentra el incremento de las cargas tributarias para los generadores de energía eléctrica, una decisión que, según análisis económicos, podría trasladarse parcial o totalmente a los usuarios finales a través de mayores precios de la energía.

El decreto crea una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de los generadores. Esta contribución se causará el 2 de febrero de 2026 y se pagará en dos momentos: un primer pago del 1,25 % con base en los estados financieros de 2024 y un segundo pago del 1,25 % restante el 15 de mayo de 2026, tras la aprobación de los estados financieros de 2025.

La fiscalización y el suministro de información estarán a cargo de los generadores a través del Sistema Único de Información (SUI), bajo los plazos definidos por la Superintendencia de Servicios Públicos. La mora en el pago generará intereses a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera.

Los recursos recaudados serán administrados por el Fondo Empresarial y se destinarán exclusivamente a financiar procesos de intervención administrativa, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica.

Adicionalmente, para la vigencia fiscal de 2026, el decreto establece una contraprestación tributaria en especie a cargo de los generadores hidráulicos que operan en el Mercado de Energía Mayorista con despacho centralizado. Este aporte corresponde al 12 % de la energía efectivamente vendida en bolsa, distribuida mensualmente entre las empresas intervenidas.

Aunque el texto normativo señala que este aporte no deberá afectar la tarifa ni la formación de precios, el análisis económico advierte que el aumento generalizado de la carga tributaria podría ejercer presión sobre los precios finales de la energía.

Según el experto José Plata Puyana, exsuperintendente de Energía y Gas, la estrategia del Gobierno afecta los ingresos de todos los generadores, sin distinción tecnológica, incluyendo plantas hidráulicas, solares y térmicas. El objetivo es obtener recursos para sostener financieramente a Air-e.

Desde la teoría económica, explicó Plata, los mayores tributos a los productores tienden a trasladarse parcialmente a los compradores. En la práctica, esto implica que la medida podría traducirse en un aumento del precio de la energía para los usuarios en todo el país.

El decreto será objeto de control automático por parte de la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad, la relación directa con las causas de la emergencia y si el incremento de los tributos podría considerarse expropiatorio por su impacto sobre los ingresos del sector eléctrico.

Aunque el Gobierno cuenta con alternativas como créditos con garantía de la Nación, capitalización de acreencias o créditos de tesorería, el decreto optó por un esquema de financiación basado en contribuciones del sector generador, trasladando el debate al plano constitucional y al análisis del impacto económico.

En un contexto de crisis de liquidez del mercado eléctrico, especialmente en la región Caribe, la sostenibilidad del sistema y la protección de los usuarios se consolidan como ejes centrales de la política pública energética en Colombia.