El analista Amylkar D. Acosta advierte que el sistema eléctrico colombiano atraviesa un momento crítico, marcado por problemas financieros estructurales que afectan a varias empresas comercializadoras de energía y ponen en riesgo la estabilidad del servicio.

La crisis, según explica, no se limita a un caso puntual. La deuda del Gobierno por subsidios a los estratos 1, 2 y 3, la mora en pagos de entidades oficiales y los saldos acumulados por la opción tarifaria han generado presiones financieras que mantienen al sector al borde de un “apagón financiero”.

El caso más emblemático es el de Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos. Su situación de insolvencia e iliquidez se ha agravado, con deudas a generadores que pasaron de 500 mil millones a 1,7 billones de pesos tras la intervención, reflejando fallas en la gestión y en las soluciones adoptadas.

El propio Ministerio de Minas y Energía ha señalado que sin apoyo financiero adicional, la continuidad del servicio podría volverse inviable, lo que obligaría a evaluar escenarios como la liquidación, siempre garantizando la prestación del servicio público.

La falta de recursos del Fondo Empresarial y la demora en decisiones han sido cuestionadas por organismos de control, mientras que medidas recientes han planteado trasladar parte de la carga a los usuarios mediante recargos en la factura o a las empresas generadoras.

Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió normas relacionadas con la emergencia económica, frenando medidas que buscaban reconfigurar la financiación del sistema, al considerar que la crisis no era un hecho sobreviniente.

Otro punto crítico es la instrucción de la Superintendencia que limita la posibilidad de suspender el suministro a empresas intervenidas, lo que, según expertos del sector, debilita mecanismos diseñados para evitar riesgos sistémicos y proteger la sostenibilidad financiera.

De acuerdo con gremios de generadores, estas decisiones podrían desencadenar un efecto dominó que comprometa la confiabilidad del sistema, aumentando la probabilidad de un colapso financiero que impacte la prestación del servicio eléctrico en el país.

El análisis concluye que el desafío del sector no solo es financiero, sino institucional: se requieren decisiones oportunas, políticas claras y soluciones estructurales para evitar que la crisis escale y se materialice el escenario más crítico para el sistema eléctrico colombiano.