
El ente de control fiscal advirtió que el Gobierno y entidades oficiales acumulan una deuda de $7,6 billones en servicios públicos, situación que pone en riesgo la sostenibilidad del suministro de gas y electricidad en Colombia.
La Contraloría General de la República alertó sobre el impacto fiscal que representan los pagos pendientes por subsidios y deudas en el sector energético. La cifra total asciende a $7,6 billones, incluyendo compromisos por energía eléctrica, opción tarifaria, usuarios públicos y subsidios de gas combustible.
Para abordar esta situación, la entidad convocó una mesa de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos y solicitó información clave sobre la empresa Air-e, que opera en el Caribe colombiano y está bajo intervención.
Distribución de la deuda en servicios públicos
- $2,7 billones en subsidios de energía eléctrica
- $3,3 billones por opción tarifaria
- $1 billón en deuda de usuarios públicos
- $628.000 millones en subsidios de gas
Esta deuda acumulada pone en riesgo la continuidad de los servicios y la confianza en el sistema de subsidios, según el Comité Intergremial de Energía y Gas.
Air-e bajo la lupa
La Contraloría solicitó información sobre la intervención de Air-e, incluyendo los referentes normativos, el uso de recursos del Fondo Empresarial y las garantías exigidas para los giros otorgados por Superservicios.
También pidió esclarecer el destino de los $148.000 millones girados y el seguimiento de la solicitud de $2,8 billones necesarios para 2025.
Reforma a subsidios y sistema de estratificación
El contralor Carlos Hernán Rodríguez afirmó que el sistema de estratificación no es eficiente para focalizar subsidios y pidió al Ministerio de Minas y Energía implementar medidas correctivas de forma urgente.
“Es fundamental mejorar la gestión de los subsidios para asegurar que lleguen a quienes realmente los necesitan”, concluyó el funcionario.
Un llamado a acción institucional urgente
La advertencia de la Contraloría subraya la necesidad de decisiones estructurales para evitar un colapso financiero en el sistema energético. Sin acciones concretas y oportunas, la deuda podría traducirse en interrupciones del servicio y mayor presión sobre las finanzas públicas.