Bogotá D.C., junio de 2026. La situación financiera de Air-e volvió a encender las alarmas del sector energético colombiano. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, envió una carta al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, en la que advirtió sobre el deterioro económico de la empresa, especialmente después de la intervención estatal.

De acuerdo con La República, la Contraloría identificó riesgos que pueden afectar los intereses públicos y generar impactos económicos y sociales en la región Caribe. El punto más crítico señalado por el órgano de control es la descapitalización progresiva de Air-e, que reduce su solvencia, limita su capacidad de inversión y aumenta la posibilidad de depender de recursos públicos para sostener su operación.

La carta señala que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, el patrimonio de Air-e pasó de $2,218 billones a $131.500 millones, una caída cercana al 80%. Para la Contraloría, esta pérdida patrimonial representa un deterioro significativo del valor de la empresa y afecta directamente su capacidad para responder a sus obligaciones e inversiones.

El órgano de control advirtió que, si esta situación no se revierte, Air-e podría llegar a un escenario de inviabilidad económica y a una dependencia permanente de inyección de recursos públicos, con riesgos para la calidad y continuidad del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Cartera superior a $6 billones presiona la liquidez de Air-e

Uno de los principales problemas señalados por la Contraloría es el deterioro de la cartera. Según la carta citada por La República, la cartera de Air-e supera los $6 billones, con una alta concentración en usuarios de estratos bajos, donde se registran los mayores niveles de morosidad.

El documento indica que la deuda de este segmento representa cerca del 73% del total. Esta concentración limita el flujo de caja de la empresa y dificulta su capacidad para cumplir compromisos con proveedores, generadores y agentes del Mercado de Energía Mayorista.

El Heraldo también reportó que la cartera acumulada de Air-e supera los $6,062 billones y que el 73% de estas obligaciones tiene más de un año de antigüedad, especialmente en estratos 1, 2 y zonas subnormales. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Este deterioro de cartera no solo afecta a la empresa, sino a toda la cadena eléctrica. Si una comercializadora no logra recaudar lo suficiente, puede acumular obligaciones con generadores, transportadores y otros agentes, generando presión financiera sobre el mercado nacional.

Pasivos aumentaron 53,6% y elevan riesgo de insolvencia

La Contraloría también alertó sobre la pérdida de capacidad de pago de Air-e. Según el documento citado, los pasivos totales de la empresa se incrementaron 53,6% durante el periodo evaluado, lo que genera un riesgo inminente de incumplimiento con proveedores y agentes del mercado mayorista.

Esta estructura financiera, marcada por alta deuda comercial y financiera sin respaldo suficiente en flujos de efectivo, pone en riesgo la continuidad del servicio público esencial. En la práctica, el deterioro puede traducirse en retrasos de inversión, dificultades operativas, interrupciones del servicio y mayor presión sobre las tarifas.

El Tiempo también reportó que la Contraloría advirtió un colapso financiero tras la intervención estatal, con cartera morosa superior a $6 billones, caída patrimonial de 80% e incremento de pasivos de 53,6%. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Recursos públicos para sostener la operación

Otro punto sensible de la advertencia es el uso de recursos estatales para mantener a flote la operación. Según la Contraloría, Air-e ha recibido $147.885 millones en contratos de mutuo financiados por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Para el órgano de control, esta dependencia de recursos públicos evidencia la gravedad de la situación financiera de la compañía. Si la empresa no logra recuperar su capacidad de autosostenimiento, el Estado podría verse obligado a seguir destinando recursos para evitar un deterioro mayor del servicio en la Costa Caribe.

El Heraldo señaló que la Contraloría emitió una advertencia fiscal preventiva a la Superservicios y al Fondo Empresarial, aclarando que no se trata de una sanción, sino de una alerta formal por posibles afectaciones a recursos públicos, continuidad del servicio y estabilidad financiera de la empresa. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Riesgos para usuarios y para el mercado energético

La crisis financiera de Air-e también puede tener efectos sobre los usuarios. La Contraloría advirtió que los incumplimientos en el plan de inversiones pueden derivar en interrupciones del suministro, demoras técnicas y mayores riesgos para comunidades que dependen de una infraestructura eléctrica robusta.

La carta también señala un posible riesgo sistémico para el mercado eléctrico colombiano. El deterioro financiero de Air-e podría generar presiones para trasladar mayores costos a los usuarios finales mediante aumentos tarifarios, además de impactos financieros adicionales sobre empresas generadoras, incluidas hidroeléctricas.

Este riesgo es especialmente delicado porque Air-e atiende una región con altos niveles de demanda, temperaturas elevadas, pérdidas históricas de energía y necesidades importantes de inversión en redes. Si la empresa no logra estabilizarse, la prestación del servicio en la Costa Caribe podría enfrentar nuevas presiones.

Intervención estatal bajo cuestionamiento

La advertencia de la Contraloría también pone bajo revisión los resultados de la intervención estatal. Según La República, la carta señala que la intervención no habría surtido efectos positivos suficientes y que, por el contrario, las deudas y riesgos financieros se han incrementado.

La Procuraduría ya había pedido cuentas a la Superservicios y a Air-e tras 19 meses de intervención, al advertir escaso avance operacional y financiero de la empresa comercializadora y distribuidora de energía en la región Caribe. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

La acumulación de alertas de organismos de control muestra que la crisis de Air-e dejó de ser un problema exclusivamente empresarial y se convirtió en un asunto de interés público, con implicaciones para las finanzas estatales, la calidad del servicio y la seguridad energética regional.

Contraloría pide medidas inmediatas

Al cierre de la misiva, el contralor Carlos Hernán Rodríguez instó a adoptar mecanismos inmediatos para optimizar la calidad y continuidad del servicio. Estos indicadores son fundamentales para evaluar la gestión de la empresa intervenida y la atención a los usuarios.

Las medidas deberán apuntar a recuperar liquidez, mejorar el recaudo, reducir cartera vencida, fortalecer inversiones, estabilizar la operación y evitar que el deterioro financiero se traduzca en más interrupciones o presiones tarifarias.

El reto para Superservicios será responder a la advertencia con un plan estructural que vaya más allá de medidas temporales. La crisis exige soluciones financieras, técnicas y operativas que permitan garantizar la continuidad del servicio eléctrico en la región Caribe.

Air-e se mantiene como uno de los puntos más críticos del sistema eléctrico colombiano. La caída patrimonial, la cartera superior a $6 billones, el aumento de pasivos y la dependencia de recursos públicos evidencian una situación que requiere decisiones urgentes para proteger a los usuarios, la estabilidad del mercado y los recursos del Estado.