El debate sobre el futuro del sector eléctrico volvió al centro de la agenda nacional en medio de la creciente preocupación por un posible déficit entre la oferta y la demanda de energía en Colombia. La discusión se dio durante el foro sobre los grandes desafíos del sector, donde candidatos presidenciales analizaron las principales barreras que enfrenta el sistema.

Uno de los puntos de mayor consenso fue el impacto del licenciamiento ambiental y la consulta previa en el retraso de proyectos estratégicos. Expertos del sector señalaron que el país ha dejado de incorporar la capacidad necesaria en los últimos años, lo que incrementa el riesgo de desabastecimiento.

Durante el encuentro se destacó que tecnologías como la generación hidroeléctrica y térmica siguen siendo clave para la confiabilidad del sistema, especialmente en un contexto donde la demanda crece de forma sostenida.

Algunos candidatos propusieron reglamentar los procesos de consulta previa para hacerlos más eficientes y transparentes, argumentando que, aunque son mecanismos necesarios, actualmente se han convertido en cuellos de botella que frenan inversiones y retrasan obras críticas.

También se planteó la necesidad de establecer compensaciones claras para las comunidades en las zonas donde se desarrollan proyectos energéticos, junto con una mejor planificación territorial que garantice beneficios sociales y reduzca la conflictividad.

Otro de los temas centrales fue la urgencia de aumentar la capacidad de generación para evitar un eventual racionamiento. Algunas propuestas apuntan a sumar nuevos megavatios al sistema y fortalecer el marco regulatorio para atraer inversión privada.

En el debate se insistió en que la transición energética debe avanzar con un enfoque pragmático, combinando distintas tecnologías y priorizando la seguridad energética. La idea de un plan de largo plazo que trascienda los gobiernos también fue destacada como un elemento clave para dar estabilidad al sector.

La conclusión general dejó un mensaje claro: existe consenso sobre la necesidad de destrabar proyectos, mejorar la eficiencia de los trámites y garantizar reglas de juego estables para evitar una crisis que afecte el crecimiento económico y la calidad de vida de los colombianos.