Bogotá D.C., julio de 2026. Colombia registró una reducción significativa de la pobreza energética entre 2023 y 2025, según el nuevo Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) 2026 del Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con la entidad, cerca de un millón y medio de colombianos salieron de esta condición en apenas dos años.

El reporte indica que este avance equivale a más de 490.000 hogares a nivel nacional, especialmente en la región Caribe y en territorios históricamente excluidos. El Ministerio atribuye el resultado a una estrategia integral que incluye expansión de comunidades energéticas, programa Colombia Solar, masificación del gas domiciliario y soluciones sostenibles para zonas con mayores brechas.

Según MinEnergía, en promedio 1.900 personas por día accedieron por primera vez a un servicio de energía digno durante el periodo analizado. Al mismo tiempo, la entidad destacó reducciones tarifarias de más de 28% en el Caribe y de 16% en la media nacional.

El dato cobra relevancia porque la pobreza energética dejó de medirse únicamente como falta de acceso a electricidad. El IPEM incorpora nuevas variables relacionadas con internet, tecnologías de información, condiciones de vivienda, combustibles para cocinar y equipamiento básico del hogar.

El IPEM bajó de 22,3% a 20,6% en un año

El nuevo informe muestra que el porcentaje de hogares en condición de pobreza energética pasó de 22,3% en 2024 a 20,6% en 2025. Esta reducción de 1,7 puntos porcentuales equivale a 227.532 hogares y 641.640 personas que superaron esta situación en solo un año.

Para el Ministerio, se trata de la mayor reducción anual registrada por el índice desde su implementación. La entidad señaló que la tendencia fue nacional, con mejoras en prácticamente todos los territorios.

El informe también evidencia que el 95,7% de los municipios del país redujo su nivel de pobreza energética, consolidando una tendencia que alcanzó a todas las regiones y que tuvo sus mayores avances en el Caribe, la Amazonía-Orinoquía y el Pacífico.

Caribe, Amazonía-Orinoquía y Pacífico lideran los avances

La región Caribe fue la que presentó la mayor reducción del índice, con una disminución de 3 puntos porcentuales. Este resultado es relevante porque el Caribe ha concentrado históricamente altos costos de energía, problemas de calidad del servicio, rezagos de infraestructura y brechas sociales asociadas al acceso energético.

Después del Caribe, las mayores mejoras se observaron en Amazonía-Orinoquía y Pacífico, dos regiones donde la dispersión poblacional, la ruralidad, las condiciones geográficas y la falta de infraestructura han dificultado el acceso a servicios energéticos seguros, confiables y asequibles.

El informe también señala que los territorios étnicos mantuvieron una tendencia sostenida de mejora por tercer año consecutivo, lo que muestra avances en comunidades que históricamente han enfrentado barreras de acceso a energía, conectividad y tecnologías limpias.

Transición energética como política social

Para el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, los resultados del IPEM 2026 demuestran que la transición energética también debe entenderse como una política social. Según el funcionario, la incorporación de energías renovables al sistema no es el único objetivo: también se busca transformar la vida de los hogares.

Palma afirmó que cerca de 1,5 millones de colombianos dejaron atrás la pobreza energética porque el Estado llegó con soluciones concretas como paneles solares, acceso a energía, gas domiciliario y comunidades energéticas.

El mensaje del Ministerio conecta la política energética con la reducción de desigualdades territoriales. La energía deja de ser vista únicamente como un servicio público y pasa a entenderse como una herramienta para educación, salud, comunicación, productividad y calidad de vida.

Comunidades energéticas beneficiarían a más de 28.500 usuarios

Dentro de la estrategia destacada por MinEnergía aparece el programa de Comunidades Energéticas, con proyectos en ejecución que beneficiarían a más de 28.500 usuarios. Este modelo busca que comunidades, barrios, organizaciones o territorios puedan participar de manera más activa en la generación y gestión de su energía.

Las comunidades energéticas permiten acercar soluciones renovables a usuarios que tradicionalmente han dependido de redes débiles, combustibles contaminantes o servicios costosos. Además, promueven apropiación social, formación técnica y participación comunitaria.

En territorios históricamente excluidos, este enfoque puede generar beneficios más allá del ahorro: fortalece capacidades locales, mejora autonomía energética y crea nuevas oportunidades de desarrollo territorial.

Colombia Solar proyecta 21.884 soluciones en 2026

Otro componente clave es Colombia Solar, programa que proyecta instalar 21.884 soluciones solares durante 2026. Según el Ministerio, esta iniciativa prevé inversiones cercanas a $8,3 billones hasta 2030.

Colombia Solar busca llevar sistemas solares fotovoltaicos a hogares vulnerables, especialmente de estratos 1, 2 y 3, para reducir el costo del servicio de energía y convertir a los usuarios en autogeneradores.

La lógica del programa es que las familias no dependan únicamente de subsidios tradicionales sobre la factura, sino que puedan producir parte de su propia energía. Si se implementa adecuadamente, la autogeneración solar puede reducir costos, mejorar resiliencia y aliviar presiones fiscales en el largo plazo.

Más de 413.000 nuevos usuarios con gas residencial

La masificación del gas domiciliario también aparece como uno de los factores asociados a la reducción de la pobreza energética. MinEnergía reporta la expansión del servicio de gas natural para más de 413.000 nuevos usuarios residenciales.

El acceso a gas domiciliario puede mejorar la calidad de vida de los hogares al ofrecer una alternativa más segura y eficiente para cocinar. También puede reducir el uso de combustibles más contaminantes o costosos, especialmente en zonas donde las familias dependen de leña, carbón o cilindros de gas con mayor variabilidad de precio.

En la medición de pobreza energética, el combustible para cocinar es un factor central. Un hogar puede tener electricidad, pero seguir en privación energética si cocina con combustibles contaminantes, inseguros o de difícil acceso.

Sustitución de leña por tecnologías limpias

El Ministerio también destacó iniciativas dirigidas a sustituir la leña por tecnologías limpias para cocinar en hogares rurales. Este frente es clave porque el uso de leña puede generar impactos en salud, especialmente por exposición a humo intradomiciliario, además de efectos ambientales asociados a presión sobre bosques.

La sustitución de leña no se limita a instalar una nueva tecnología. También requiere acompañamiento social, disponibilidad de combustible o energía, mantenimiento, costos asequibles y apropiación cultural de la solución.

En comunidades rurales, dispersas o étnicas, las alternativas deben adaptarse al territorio. La política energética social debe reconocer que no todos los hogares tienen las mismas condiciones, hábitos, ingresos o infraestructura disponible.

Pobreza energética va más allá de tener electricidad

Uno de los principales hallazgos del IPEM es que la pobreza energética no puede medirse únicamente por el acceso a electricidad. El índice incorpora una visión multidimensional que entiende la energía como habilitador de derechos y oportunidades.

Entre las variables consideradas están el acceso a internet, tecnologías de información, condiciones de la vivienda, combustibles para cocinar y equipamiento básico del hogar. Esto permite identificar hogares que, aunque tengan conexión eléctrica, siguen enfrentando limitaciones para desarrollar actividades esenciales.

Por ejemplo, un estudiante necesita electricidad, conectividad y equipos para acceder a educación digital. Un hogar requiere energía segura para cocinar, refrigerar alimentos, iluminar espacios, comunicarse, trabajar o emprender. Por eso, la pobreza energética se relaciona directamente con educación, salud, productividad y bienestar.

Energía como habilitador de derechos fundamentales

El enfoque multidimensional del IPEM reconoce que la energía no es un fin en sí mismo, sino una condición para ejercer derechos fundamentales. Sin energía confiable, asequible y segura, se limitan oportunidades de estudio, acceso a información, atención en salud, comunicación y desarrollo económico.

Esta perspectiva cambia la forma de diseñar política pública. Ya no basta con conectar hogares a una red eléctrica; también se deben garantizar calidad, continuidad, asequibilidad, tecnologías adecuadas y acceso a servicios complementarios.

En ese sentido, el IPEM permite identificar con mayor precisión dónde están las brechas y qué tipo de intervención necesita cada territorio. Un municipio puede requerir redes, otro soluciones solares, otro gas domiciliario y otro conectividad o equipos básicos.

Una herramienta para orientar inversión pública

Edwin Palma señaló que medir la pobreza energética permite hacer política pública con precisión. Según el ministro, el propósito es que ningún colombiano vea limitado su proyecto de vida por falta de acceso a servicios energéticos seguros, confiables y asequibles.

El Ministerio destacó que el IPEM se consolida como una herramienta de referencia para orientar la inversión del Estado y evaluar el impacto de la Transición Energética Justa sobre la calidad de vida de los hogares colombianos.

Esta función es importante porque los recursos públicos son limitados y deben dirigirse hacia los territorios con mayores brechas. Un índice multidimensional permite priorizar inversiones con criterios técnicos, sociales y territoriales.

Tarifas bajaron en el Caribe y en la media nacional

El Ministerio también señaló que, durante el periodo analizado, las tarifas de energía disminuyeron en más de 28% en el Caribe y en 16% en la media nacional. Este dato resulta relevante porque la asequibilidad es una dimensión central de la pobreza energética.

Un hogar puede contar con conexión, pero si el costo del servicio es demasiado alto frente a sus ingresos, puede restringir su consumo, endeudarse o dejar de pagar. Por eso, la reducción de tarifas puede contribuir a aliviar la carga económica de familias vulnerables.

En el Caribe, donde históricamente han existido tensiones por tarifas, pérdidas, calidad del servicio e intervención de empresas, cualquier reducción sostenida tiene impacto directo en la percepción ciudadana y en la capacidad de pago de los usuarios.

Avance nacional, pero con retos pendientes

Aunque el informe muestra avances importantes, la pobreza energética sigue afectando a 20,6% de los hogares. Esto significa que una de cada cinco familias aún enfrenta privaciones relacionadas con energía, conectividad, equipamiento o condiciones adecuadas para el uso de servicios energéticos.

El reto hacia los próximos años será sostener la tendencia de reducción y evitar retrocesos. Para lograrlo, Colombia deberá consolidar programas de autogeneración, expandir gas domiciliario donde sea viable, fortalecer redes eléctricas, mejorar asequibilidad y llegar a zonas rurales con soluciones adaptadas.

También será necesario garantizar mantenimiento de los sistemas instalados. Una solución solar, una red eléctrica o una conexión de gas solo reducen pobreza energética si funcionan de manera continua, segura y sostenible en el tiempo.

Territorios históricamente excluidos siguen siendo prioridad

MinEnergía resaltó que los avances beneficiaron especialmente a territorios históricamente excluidos. Estas zonas suelen enfrentar múltiples barreras: baja cobertura, pobreza, dispersión geográfica, costos altos, baja calidad del servicio y menor presencia institucional.

En estos territorios, la energía puede tener un impacto transformador. Permite estudiar de noche, refrigerar alimentos y medicamentos, acceder a internet, emprender, mejorar seguridad y reducir dependencia de combustibles contaminantes.

Por eso, la política energética social debe estar articulada con educación, salud, conectividad, vivienda, productividad rural y desarrollo territorial. La energía es una base para que otras políticas públicas funcionen.

Un resultado que deberá ser evaluado con continuidad

El IPEM 2026 permite medir avances, pero también deja una tarea de seguimiento. Los programas que explican la reducción deberán ser evaluados en el tiempo para confirmar su impacto real, sostenibilidad, costo-beneficio y capacidad de llegar a los hogares con mayores necesidades.

La instalación de soluciones solares, por ejemplo, exige mantenimiento, reposición de componentes, capacitación de usuarios y gestión de garantías. La masificación de gas requiere infraestructura, seguridad, continuidad del servicio y capacidad de pago. Las comunidades energéticas necesitan gobernanza y acompañamiento técnico.

La reducción de la pobreza energética no se consolida solo con la instalación inicial de tecnologías; depende de que los servicios sean permanentes, seguros y asequibles.

Transición energética con impacto en la vida diaria

El informe refuerza una idea central: la transición energética no debe medirse únicamente en megavatios renovables, sino también en su capacidad de mejorar la vida diaria de las personas.

Cuando un hogar accede a energía limpia, gas seguro, conectividad, iluminación, refrigeración y equipos básicos, mejora su bienestar y amplía sus oportunidades. Por eso, la transición energética justa debe conectar infraestructura con justicia social.

En ese sentido, los resultados del IPEM muestran que la política energética puede contribuir a reducir desigualdades si se dirige a los hogares y territorios con mayores brechas.

Con cerca de 1,5 millones de colombianos fuera de la pobreza energética entre 2023 y 2025, el Ministerio de Minas y Energía presenta un avance significativo para la Transición Energética Justa. Sin embargo, el reto continúa: más de una quinta parte de los hogares aún enfrenta privaciones, y el país deberá sostener inversiones, mantenimiento y focalización para que la energía siga siendo una herramienta real de inclusión social.