Editorial. Hace cerca de cuatro décadas, los estudios técnicos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) identificaron zonas estratégicas para la construcción de grandes hidroeléctricas en Colombia. Estos análisis se basaban en la geoeconomía de los mercados futuros, el crecimiento regional y la evolución de la demanda de energía renovable, particularmente la hídrica.

Sin embargo, la urgencia por superar el apagón de comienzos de los años noventa relegó muchos de estos proyectos al olvido. Uno de los más emblemáticos fue el proyecto hidroeléctrico Arrieros del Micay, en el departamento del Cauca, una región hoy marcada por la presencia de economías ilegales y grupos armados.

El objetivo de esta iniciativa era claro: generar la energía suficiente para abastecer al suroccidente del país y exportar excedentes a Ecuador y Perú. No obstante, el abandono estatal y la politización del debate energético hicieron que Colombia dejara de asumir la generación eléctrica como una vocación nacional.

A lo largo de los años, la oposición a proyectos como Hidroituango, Porce o El Quimbo ha impedido que el país se concentre en su principal fortaleza: una geografía privilegiada con abundantes lluvias, ríos, selvas y páramos. Paradójicamente, incluso sectores que critican las hidroeléctricas desconocen que el agua es una de las fuentes renovables más limpias y estratégicas para el desarrollo.

Antioquia demostró que es posible rentabilizar los aguaceros. El resto del país podría hacerlo si existiera un propósito nacional claro. Convertir la generación hídrica a gran escala en una política de Estado permitiría no solo impulsar la economía, sino también consolidar la presencia institucional en regiones donde hoy domina la ilegalidad.

En este contexto, resulta llamativo que los candidatos a la Presidencia aún no presenten propuestas concretas para convertir a Colombia en una potencia energética basada en sus recursos naturales. Mientras tanto, el debate político continúa girando en torno a restricciones, en lugar de oportunidades.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta que el consumo global de energía seguirá creciendo durante la próxima década. En sus escenarios de Políticas Declaradas (STEPS) y Políticas Actuales (CPS), la entidad advierte que la electricidad será el eje central de las economías modernas, impulsada por la fabricación avanzada, los servicios digitales y la inteligencia artificial.

Según la AIE, en ambos escenarios la demanda eléctrica mundial alcanzará los 37.800 TWh en 2035, lo que representa un aumento del 40 % frente a los niveles actuales. Esta realidad convierte la discusión energética en un asunto estratégico inmediato, que debería ocupar un lugar central en la agenda política nacional.

Colombia tiene los recursos, el conocimiento y la experiencia para ser una verdadera potencia energética. Lo que falta es decisión política, visión de largo plazo y la capacidad de transformar su riqueza natural en desarrollo sostenible y competitivo.