Bogotá D.C., mayo de 2026. La alianza Colombia Progresa 2630, integrada por seis centros de pensamiento, presentó una hoja de ruta para enfrentar los principales retos del sistema energético colombiano durante los próximos cuatro años. Las propuestas se concentran en seguridad energética, acceso universal, expansión de infraestructura, sostenibilidad fiscal y redefinición de la transición energética.

De acuerdo con la información divulgada por La República, la alianza planteó sus recomendaciones a partir de tres posibles escenarios para el país: continuidad, dependencia fósil y descarbonización rápida. Estos escenarios reflejan las tensiones que deberá gestionar el próximo Gobierno entre garantizar suministro, sostener ingresos fiscales, avanzar en mitigación de emisiones y mantener una transición financieramente viable.

Colombia Progresa 2630 fue presentada como una iniciativa de centros de pensamiento orientada a entregar propuestas regulatorias, concretas y accionables para el periodo de gobierno 2026-2030. La alianza está conformada por el Consejo Privado de Competitividad, CREE, Así Vamos en Salud, CERAC, FEDe y ANIF. ([alianza2630.com](https://alianza2630.com/))

La hoja de ruta energética parte de un diagnóstico crítico: el país enfrenta déficit de energía en firme, rezagos en transmisión, dificultades financieras de agentes del sector, cuellos de botella institucionales y una transición energética que requiere mayor coordinación entre política pública, inversión e infraestructura.

Universalizar el acceso a energía, la primera prioridad

La primera propuesta de Colombia Progresa 2630 es avanzar hacia la universalización del acceso a la energía. Según el diagnóstico citado por La República, más de 1,3 millones de hogares aún no cuentan con este servicio, especialmente en zonas con altos costos unitarios, baja calidad de prestación y barreras para el uso productivo de la energía.

Para la alianza, esta brecha no solo impide el acceso a servicios básicos como iluminación, refrigeración o conectividad, sino que también limita el funcionamiento de escuelas, puestos de salud, sistemas de agua potable y actividades económicas. En consecuencia, el acceso a energía se considera una condición esencial para la integración de las comunidades al desarrollo.

Los centros de pensamiento advierten que mantener operaciones fragmentadas, proyectos aislados y ausencia de estándares homogéneos de calidad puede afectar la legitimidad del resto de la política energética. Por eso, propusieron implementar Subastas de Nivel de Servicio para seleccionar prestadores más eficientes y mejorar la calidad del suministro en territorios rezagados.

Este esquema buscaría soluciones energéticas que no solo amplíen cobertura, sino que también eleven las condiciones de vida y las oportunidades económicas de la población. Aunque su costo fiscal dependerá del diseño de las subastas, la alianza considera que su impacto en reducción de pobreza multidimensional, equidad territorial y bienestar social podría ser transformador.

Asegurar una expansión oportuna de la oferta energética

La segunda propuesta apunta a garantizar una expansión oportuna de la oferta. Colombia Progresa 2630 señaló que la inversión en infraestructura energética enfrenta problemas que comprometen la capacidad del país para reducir riesgos de suministro y atender el crecimiento de la demanda.

Entre los principales obstáculos identificados están los cuellos de botella institucionales, las demoras en permisos, tiempos de conexión superiores a 1.000 días para proyectos solares y retrasos de más de cuatro años en la expansión de redes de transmisión. Estos factores pueden frenar la entrada de nueva generación y limitar la confiabilidad del sistema.

Para enfrentar estos problemas, la alianza propuso retomar la declaratoria de Proyectos de Interés Nacional Estratégico (PINES) para aquellas iniciativas con mayor impacto en el suministro. La idea es concentrar trámites en ventanillas únicas, mejorar la coordinación interinstitucional y reducir demoras en proyectos prioritarios.

Además, Colombia Progresa 2630 sugirió derogar regulaciones que distorsionen precios o restrinjan la competencia en electricidad y gas. También planteó recomponer la agenda regulatoria para recuperar inversión, modernizar mercados, restablecer acuerdos de estabilidad jurídica para proyectos de gran escala y fortalecer la capacidad institucional del sector.

Otro punto clave de esta propuesta es promover la entrada de nuevos actores en generación, comercialización y producción de hidrocarburos. Para la alianza, aumentar la competencia puede reducir la concentración del sector y mejorar las señales de inversión en el sistema energético.

Saneamiento financiero para evitar una crisis del sistema

El tercer frente se relaciona con los desequilibrios financieros que presionan al sistema energético y a las finanzas públicas. La alianza advirtió sobre el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), las deudas del sector público, los pasivos de Air-e superiores a $2 billones y los subsidios de combustibles y energía mal focalizados.

Como parte de una agenda de saneamiento urgente, Colombia Progresa 2630 propuso liberar el precio del diésel, una medida que tendría un impacto cercano a $8 billones. Según la hoja de ruta, estos recursos permitirían cancelar deudas del sector público que ascienden a unos $6 billones y reducir riesgos sobre la prestación del servicio.

La alianza también planteó que parte de estos recursos debería dirigirse a reducir el déficit de cobertura, modernizar infraestructura eléctrica y asegurar la prestación del servicio en el Caribe, región donde los rezagos históricos de inversión y la vulnerabilidad financiera del mercado han afectado la calidad del suministro.

En este frente, los centros de pensamiento también recomendaron apoyar la producción de hidrocarburos y carbón en zonas productoras. El objetivo sería sostener ingresos fiscales, maximizar impuestos, utilidades de Ecopetrol y recursos necesarios para financiar una transición energética ordenada.

Repensar la transición energética con metas viables

La cuarta propuesta consiste en repensar la transición energética. Colombia Progresa 2630 advirtió que la política actual presenta alta descoordinación, falta de prioridades claras y metas que pueden resultar poco realistas frente a las capacidades institucionales y las necesidades sociales del país.

Para corregir el rumbo, la alianza planteó articular la política energética con sectores industriales, movilidad, ordenamiento territorial y sostenibilidad fiscal. La transición no debería limitarse a reemplazar fuentes de generación, sino integrar infraestructura, competitividad, desarrollo productivo y seguridad de abastecimiento.

La nueva estrategia, según la propuesta, debería apoyarse en tres claves: promover eficiencia energética y modernización de redes, expandir la oferta eléctrica e incorporar nuevos energéticos, y maximizar la fiscalidad de los combustibles fósiles mientras el país avanza hacia una matriz más diversificada.

Además, los centros de pensamiento señalaron la importancia de actualizar la política de adaptación del sector energía. Esto implica incorporar lineamientos para construir infraestructura resiliente frente a eventos climáticos cada vez más extremos, un aspecto crítico para un país con alta exposición a fenómenos como El Niño y La Niña.

Una agenda energética para el próximo Gobierno

Las propuestas de Colombia Progresa 2630 buscan combinar medidas de corto y largo plazo para redefinir el suministro, fortalecer la legitimidad del sector y ordenar la transición energética. El diagnóstico plantea que la seguridad energética y la sostenibilidad fiscal no pueden abordarse de forma aislada, sino como parte de una estrategia integral.

En ese sentido, la hoja de ruta propone resolver al mismo tiempo los problemas de acceso, inversión, competencia, finanzas públicas y sostenibilidad ambiental. Para el próximo Gobierno, el reto será tomar decisiones que permitan mantener el suministro, reducir brechas territoriales y garantizar una transición energética viable para hogares, empresas y regiones.

La discusión llega en un momento de alta sensibilidad para el sector energético colombiano, marcado por debates sobre precios de energía, disponibilidad de gas, rezagos en proyectos eléctricos, subsidios, infraestructura de transmisión y expansión de fuentes renovables. Por eso, las recomendaciones de Colombia Progresa 2630 buscan alimentar el debate público de cara al periodo 2026-2030.

Si estas propuestas logran traducirse en políticas públicas concretas, podrían contribuir a un sistema energético más confiable, competitivo, sostenible y equitativo. La clave estará en equilibrar la urgencia de la transición con la necesidad de garantizar energía suficiente, asequible y fiscalmente sostenible para todo el país.