El Gobierno nacional mantiene abierto para comentarios un proyecto de resolución que propone un cobro adicional de $8 por kilovatio hora en las facturas de energía eléctrica. El objetivo es cubrir parcialmente la deuda que la comercializadora Air-e mantiene con el mercado mayorista y los transmisores de energía.

De acuerdo con Camilo Sánchez, presidente de Andesco, este recargo permitiría recaudar cerca de $650.000 millones anuales, una cifra que apenas cubriría una parte del pasivo acumulado. Según el dirigente gremial, se necesitarían más de tres años para cerrar el déficit si se mantiene este mecanismo como única fuente de financiación.

Sánchez advirtió que cualquier medida debe ir acompañada de condicionamientos estrictos para evitar que se profundicen los problemas estructurales de la empresa. “Si se congelan tarifas o continúa creciendo la nómina, lo único que se logrará es crear un barril sin fondo que traslade el problema al próximo Gobierno”, afirmó.

El dirigente gremial también señaló que un aumento tarifario en una administración futura sería difícil de implementar, dado el riesgo de conflictividad social que podría derivarse de nuevas alzas en el costo del servicio.

¿Cómo funcionaría el cobro propuesto?

El mecanismo plantea que todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional contribuyan al pago de la deuda de Air-e a través de un cobro transitorio incluido en sus facturas mensuales.

No obstante, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, aclaró que el recargo no aplicará para los usuarios de estratos 1 y 2. Según explicó, estos hogares están protegidos por la Resolución 003 de 2021, que establece reglas especiales para su facturación.

Para los estratos 3, 4, 5, 6 y los usuarios industriales, el impacto estimado sería cercano al 1% en la tarifa de energía, un efecto que Durán calificó como mínimo frente a la reducción acumulada de tarifas registrada en los últimos años.

El funcionario recordó que la región Caribe ha enfrentado históricamente problemas estructurales en su mercado energético. Casos como la intervención de Electricaribe entre 2016 y 2020 y la posterior intervención de Air-e en 2024 evidencian la persistencia de una crisis que no ha sido resuelta pese a millonarias inversiones públicas.

Al momento de la intervención estatal, en octubre de 2024, Air-e ya acumulaba deudas por cerca de $1,9 billones. Sin embargo, con corte a diciembre de 2025, el pasivo total habría ascendido a aproximadamente $2,5 billones.

El debate continúa abierto y el Gobierno deberá definir si este cobro transitorio es suficiente para evitar un riesgo sistémico en el mercado eléctrico colombiano, especialmente en el Caribe, sin trasladar una carga excesiva a los usuarios.