$7,6 billones en deuda pública ponen en riesgo subsidios de energía y gas en Colombia

Publicado por Japs Equipos Electricos

Fuente: El Espectador

Publicado el 2025-05-13

Crisis por deuda pública en subsidios de energía y gas

La Contraloría alerta sobre un riesgo sistémico en el sector energético colombiano, mientras el Gobierno promete el pago inmediato de subsidios atrasados a empresas prestadoras.

La Contraloría General de la República advirtió que la deuda pública del Estado colombiano, que asciende a $7,6 billones, pone en peligro los subsidios destinados a más de 20 millones de usuarios de estratos 1, 2 y 3 que dependen de los servicios de energía eléctrica y gas.

Esta deuda representa más del 60 % del presupuesto del Ministerio de Minas y Energía, y está compuesta por subsidios no girados, la opción tarifaria postpandemia, deudas de entidades oficiales y subsidios de gas combustible. Empresas como Air-e, ya intervenida por el Gobierno, se encuentran al borde de un colapso financiero.

El Gobierno asegura que no habrá apagón. Según Víctor Paternina, director de Energía del Ministerio de Minas, se están realizando mesas técnicas con Hacienda para conciliar cifras y programar pagos. No obstante, la situación genera preocupación por el posible impacto social, económico y operativo.

Radiografía de la deuda

  • $2,7 billones en subsidios eléctricos no girados.
  • $3,3 billones por opción tarifaria de pandemia.
  • $1 billón de deuda de entidades oficiales.
  • $628 mil millones pendientes en subsidios de gas.

¿Subsidios que no subsidian?

Un estudio de la Contraloría reveló que el actual esquema de subsidios, basado en estratificación, presenta fallas estructurales. Muchos hogares que no lo necesitan reciben ayudas, mientras se excluye a familias vulnerables.

Como solución, se propone reemplazar el sistema actual por el Registro Universal de Ingresos (RUI), que permitiría focalizar de forma más justa y eficiente la entrega de subsidios energéticos.

Impacto en servicios y tejido social

El incumplimiento en los pagos compromete la cadena de suministro energético, deteriora la calidad del servicio y genera incertidumbre en regiones donde la institucionalidad ya es débil.

De no resolverse, el colapso afectaría hospitales, escuelas y acueductos, disparando la tensión social y profundizando las desigualdades.

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